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Una vez más, el presidente municipal, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, mejor conocido como El Mochilas,  miente y engaña a los vallartenses al afirmar que “se cuidaron los intereses del municipio” en la concesión del alumbrado público a la empresa Citelum de México S.A de C.V., toda vez que le va a pagar por adelantado a dicha compañía –con dinero del Ayuntamiento desde luego-- , la friolera cantidad de dos millones 582 mil 804 pesos mensuales a partir del 23 de julio, lo que hará un total de 309 millones 936 mil 480 pesos durante los 10 años que dure la concesión, sin que la filial francesa de Citelum tenga que invertir prácticamente ningún peso, pues el gobierno local le estaría financiando con dinero líquido su gasto para prestar el servicio.

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La salida del coronel Silvestre Chávez de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, es inminente, toda vez que no habría pasado el examen de confianza –un requisito indispensable para seguir en el puesto policiaco según los criterios de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño del Estado de Jalisco y sus Municipios--, según trascendió ayer entre mandos policiacos y cuya versión corrió como reguero de pólvora entre decenas de policías que están inconformes con el actuar del militar y su escolta Jorge Aguilera.
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El grupo de colaboradores que el alcalde Ramón Demetrio Guerrero Martínez importó de Zapopan y Guadalajara está a punto de colapsarse en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta por su participación, activa o pasiva, en graves actos de corrupción que se cometieron en el gobierno municipal de la ex villa maicera, cuando su titular era el panista Juan Sánchez Aldana.

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Si algo le faltaba al coronel Silvestre Chávez para darle la puntilla al frente de Dirección de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, es verse involucrado en un delito en materia de Información Pública contemplado en el Código Penal de Jalisco, que sanciona con prisión de uno a cinco años y multa de 50 a mil días de salario mínimo a quien difunda pública y dolosamente información pública clasificada como reservada.

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La lucha con marchas, plantones y protestas que han emprendido los vecinos de Villas Universidad desde octubre del año pasado para que no se instale una gasolinera cerca de sus casas, pretende ser borrada de un plumazo por el procurador social del Ayuntamiento vallartense, Juan Hernández, al ofrecerles mejoras a su colonia, a cambio de que firmen el consentimiento para que entre en operación la estación de servicio de combustible, cuyo permiso fue otorgado por el ex alcalde Salvador González Reséndiz a tan sólo tres días de que concluyera su administración, es decir, el 28 de septiembre del 2012.
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  • En un hecho que huele a corrupción y a tráfico de influencias, el Agente del Ministerio Público José Carlos Peña Chavarín y el Juez Primero de lo Penal, Miguel Valenzuela González, mediante un proceso desaseado y con graves omisiones, lograron que la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ratificara una resolución para decretar auto de formal prisión a cinco dirigentes de la Unida de Riego de Las Palmas por el presunto delito de robo calificado, hecho que no se logró acreditar; y quienes no obstante haber sido protegidos por la justicia federal y amparados, continúan en prisión por necedad del juzgador.
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  • El ex presidente de la Asociación de Hoteles, ex ministerio público federal y miembro ilustre de la Asociación de Abogados de Puerto Vallarta, construye su segundo hotel con la razón social
    “Condominios Zona Azul” en clara violación al reglamento de construcción y sin importarle dañar la estructura del hotel vecino, “Casa Corazón”. Fue denunciado desde el año pasado y continúa afectando a los vecinos. La Procuraduría de Desarrollo Urbano pide al Ayuntamiento, que previo dictamen, proceda a la demolición de la obra
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A media mañana de un jueves de este año, Chalío se dispuso salir del pequeño cuarto que rentaba a su primo Juan Becerra para  trasladarse a Las Juntas. Le dijo a su mujer que se iba a trabajar. Caminó media cuadra y al dar la vuelta por la calle Zaragoza olfateó el peligro. Pudo ver los vehículos que tripulaban personajes que el identificaba como potenciales enemigos. Corrió y se metió al taller de otro de sus primos.

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“El candidato va a ser Andrés” fue el comentario, breve pero firme, del diputado local, Gustavo González Villaseñor.

Nada quiso entender ni aceptar otra posibilidad e inclusive desechó cualquier otra opción priista. Se desentendió también del nombre de Cesar Abarca Gutiérrez, el director general del Seapal que desde la paraestatal hay quienes lo consideran como una oferta electoral atractiva.

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POR JULIO CESAR HERNANDEZ/COLUMNA “MARCATEXTOS”

Bien dicen que “la ‘sangre’ llama”, y eso podemos aplicarlo al caso actual de los alfaristas y su tutor o mentor, Enrique Ibarra Pedroza.

Y cuando digo alfaristas me refiero concretamente a los siguientes: Enrique Alfaro Ramírez, Ismael del Toro y Alberto Uribe.

Bueno, quizás tenga que corregir y decir que los tres anteriores son ibarristas.

Hoy Ibarra Pedroza ha “adoptado” a los siguientes -estos sí-, alfaristas: Hugo Luna, Clemente Castañeda, Salvador Caro Cabrera y Germán Ralis.